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Se estima que la gran mayoría de los chilenos estará de acuerdo con los cambios constitucionales en torno al agua dulce, principalmente que sea un bien nacional de uso público. Todas las personas en forma prioritaria deben tener el derecho de acceder a agua potable de calidad y la protección de ella para el cuidado de ecosistemas (humedales). Sin embargo, también los agricultores requieren que los actuales titulares tengan seguridad en que sus derechos serán respetados, dada la total dependencia que ellos tienen del recurso hídrico para producir los alimentos que el país necesita y que son la fuente de sus ingresos. Y considerando que la agricultura ocupa gran parte del agua dulce, no sería óptimo realizar todos estos cambios sin escuchar su experiencia y obviar la responsabilidad que tienen y tendrán sobre el cuidado de este recurso en el futuro.

Después de otro año agrícola caracterizado por una marcada escasez hídrica, estamos llegando al mes de julio con un notorio déficit de precipitaciones, volúmenes embalsados en niveles críticos y una disminución en los caudales de los ríos y las aguas subterráneas. Todos los informes especializados señalan que esta situación no debiera cambiar en el corto plazo, lo que obliga a generar de inmediato nuevas medidas público-privadas o fortalecer aún más aquellas que el Estado está implementando, para aminorar las importantes pérdidas que han ocurrido y que claramente se incrementarán. Es importante considerar que el 73,4% de los predios tienen una superficie menor a 20 ha y la agricultura familiar campesina equivale a casi el 90% del total de las unidades productivas agrícolas del país, dependiendo 100% de lo que pueden producir en sus predios, con grandes posibilidades de que se incremente el daño social y económico.

Se estima que la gran mayoría de los chilenos estará de acuerdo con los cambios constitucionales en torno al agua dulce, principalmente que sea un bien nacional de uso público. Todas las personas en forma prioritaria deben tener el derecho de acceder a agua potable de calidad y la protección de ella para el cuidado de ecosistemas (humedales). Sin embargo, también los agricultores requieren que los actuales titulares tengan seguridad en que sus derechos serán respetados, dada la total dependencia que ellos tienen del recurso hídrico para producir los alimentos que el país necesita y que son la fuente de sus ingresos. Y considerando que la agricultura ocupa gran parte del agua dulce, no sería óptimo realizar todos estos cambios sin escuchar su experiencia y obviar la responsabilidad que tienen y tendrán sobre el cuidado de este recurso en el futuro.

Normalmente, se señala que del 75% del agua dulce que ocupa la agricultura, el 45% se pierde por conducción, eso quiere decir que entre la fuente (boca toma del río) y el predio, ese porcentaje se evapora, es consumido por la flora en torno a los canales y, lo más importante, se infiltra, por eso no es correcto hablar de “pérdidas”, dado que la gran mayoría vuelve a la cuenca a recargar las napas freáticas. Está claro que, frente a la fuerte escasez hídrica, el fortalecer y acelerar los fondos para incrementar la eficiencia de conducción de los canales podría convertirse en una importante fuente de agua dulce superficial y ojalá se haga con inteligencia y tecnología, asegurando la disponibilidad de cierta cantidad de agua para el ecosistema del entorno de los canales.

De lo anterior se desprende que la agricultura ocuparía, aproximadamente y en forma directa, solamente el 42% del agua dulce en su sistema productivo, pero la posibilidad de aportar aún más al balance hídrico de una cuenca no termina únicamente ahorrando en la conducción. Se señala que el 50% de la superficie agrícola (500 mil hectáreas) usa riego tecnificado, requiriendo solo un 30% del agua que ocupa el riego tradicional, dejando en claro nuevamente que la tecnología en la agricultura permitiría aportar enormes volúmenes de agua dulce. La pregunta que surge acá es si el Estado, de acuerdo a la realidad de cada cuenca, colocará fechas límites al uso del “riego tradicional” y si pondrá a disposición mayores fondos para una rápida reconversión tecnológica del riego, construcción de tranques intraprediales y el apoyo a la capacitación.

El ahorro del recurso hídrico no termina con lo anterior. También existen nuevas tecnologías para el control del riego intrapredial enmarcado en la “Agricultura 4.0” (sondas de capacitancia, TDR, plataformas digitales, IoT, tecnologías complementarias, etc.), que permiten ahorrar en riegos tecnificados entre un 20 y un 40 por ciento del agua que tradicionalmente se utiliza con estos sistemas y que también en la actualidad recarga los acuíferos. El paquete tecnológico “Riego Inteligente UchileCrea”, de la Universidad de Chile, así lo ha demostrado en diversas especies y años de trabajo, sumando ahorros importantes en fertilizantes y energía eléctrica. Hasta el momento, las intervenciones se están realizando a través de proyectos de innovación y desarrollo o por incipientes iniciativas privadas, pero la invitación al Estado es a hacerse parte de estas innovaciones en forma más directa y proactiva, avanzando más rápido con las inversiones y la transferencia tecnológica para doblarle la mano a la escasez hídrica. En otras palabras, el Estado debiera liderar y adelantarse a los tiempos que vienen con más fuerza, transformando las pérdidas por efecto de la sequía y los innumerables bonos de emergencia que entrega cada año, en inversiones intraprediales que den fruto a corto y largo plazo.

La mala noticia en la actualidad es que la mayoría de los agricultores, principalmente de las diferentes cuencas de la zona centro y centro norte del país, está trabajando con los volúmenes mínimos requeridos para sacar sus cosechas, y un número no menor, desde hace varias temporadas, sobreviviendo con volúmenes por hectárea muy por debajo de los mínimos requeridos.

Volviendo al inicio y considerando el año de elecciones, lo más probable es que los presidenciables sean sorprendidos por el cambio climático y la megasequía, más allá de lo que esperan, exigiendo los votantes soluciones concretas y medidas a corto plazo para enfrentar esta nueva realidad que llegó para quedarse. No bastará con dejar la solución en manos de los constitucionalistas o repetir lo mismo de siempre como una aburrida letanía (megaconstrucciones, carreteras hídricas o recargas de acuíferos), sino que se les pedirá una solución integral por cuencas, basada en la inteligencia y creatividad a corto plazo para mitigar la problemática.

Seguramente en agosto o septiembre, debido a la grave situación que al parecer se nos viene, los matinales se encargarán de poner este importante desafío en la agenda política, pero lamentablemente estaremos nuevamente un paso atrás frente al tsunami de megasequía que se nos viene.

 

 

Fuente: El Mostrador